A dos meses del cierre de ILVA, la histórica fábrica de cerámicos y porcelanatos ubicada en el Parque Industrial de Pilar, los 300 ex trabajadores continúan sin percibir sus indemnizaciones, sin cobrar los salarios que quedaron pendientes y sin obra social.
La empresa presentó un pedido de quiebra, lo que podría demorar aún más cualquier posibilidad de cobro, advierten los delegados.

El conflicto se desató el 29 de agosto, cuando la firma cerró sus puertas de forma sorpresiva, colocó candados en los accesos y envió telegramas de despido a la totalidad del personal. Tras esa decisión, intervinieron el Sindicato Ceramista y el Ministerio de Trabajo bonaerense, pero las gestiones resultaron infructuosas: la compañía no retrotrajo los despidos, no abonó las dos quincenas adeudadas durante la conciliación obligatoria y se mantuvo en su postura de cierre, alegando una crisis económica que los trabajadores niegan.

“Llevamos dos meses. No tenemos respuesta de ellos. La fábrica sigue cerrada, sigue con un candado, pero estamos más fuertes que nunca en la puerta de la fábrica”, afirmó delegado y ex trabajador de Ilva, Marcelo Barrionuevo, durante la entrevista radial con Agenda Propia (105.9).

Además del reclamo por la indemnización completa, los ex empleados denuncian que la empresa había intentado abonar solo el 50% de los montos correspondientes, escudándose inicialmente en un procedimiento de crisis y ahora en el proceso de quiebra.
Con el expediente judicial en marcha, temen que los pagos se dilaten por meses o incluso años.

“Nos deben un mes y medio de sueldo, y encima nos cortaron la obra social”, remarcó Barrionuevo. Y sostuvo que el acampe continuará: “No nos vamos a mover porque primero queremos respuestas”.

Durante estos más de 60 días, los ex operarios sostienen un acampe permanente frente a la planta con carpas, mate, comidas comunitarias y actividades para sostener la unión del grupo.
La fecha del Día del Ceramista, que solía celebrarse con orgullo dentro de la fábrica, evidenció este año un contraste doloroso.

La atención está puesta ahora en los avances del proceso de quiebra y en eventuales intervenciones estatales que permitan garantizar el cobro de lo adeudado a las 300 familias.