Nuevamente la Comisión Provincial por la Memoria puso el ojo en el accionar de las comunidades terapéuticas radicadas en el distrito de Pilar y volvió a exigir la clausura de una de ellas por haber detectado "prácticas de torturas y malos tratos" a las personas internadas.
En esta oportunidad, la denuncia que incluyó la presentación de un hábeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías 6 es contra la comunidad San Antonio, ubicada en la localidad de Villa Rosa.
El lugar fue inspeccionado por los integrantes de la CPM tras lo que pidieron que se "disponga la clausura inmediata de la comunidad", además de exigir la “derivación de todos los usuarios a hospitales generales a los fines de que se evalúe la existencia de criterios para la internación".
La inspección llegó tras los relatos de los usuarios que reflejan, según detalló la CPM, "la sistematicidad de las prácticas de tortura, malos tratos y privaciones ilegítimas de la libertad".
Asimismo, detallaron la violencia y abuso de medicamentos para cada uno de los ingresantes, en base a los crudos relatos de quienes padecieron dichas prácticas.
"Todos los usuarios, al momento de su ingreso, son reducidos violentamente, inyectados con un sedante y luego atados a una cama en una de las habitaciones reservada para ese fin. Luego de ello se los amenaza con sufrir nuevamente este circuito tortuoso si incumplen las reglas", completaron.
Clausuraron una granja de rehabilitación que había sido denunciada por presuntas torturas
"Muchos refirieron haber sido secuestrados por miembros de la institución a pedido de sus familias y sin que mediara orden judicial que dispusiera dicha medida. Además se constató que no existe un abordaje del sufrimiento psíquico que pudiera haber gravitado como causa de las supuestas conductas a raíz de las cuales se los privó de su libertad dentro de esta institución", agregaron desde la entidad presidida por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Ezquivel.
El avance sobre la Comunidad San Antonio se suma a la ya clausurada Comunidad San Camilo, ambas dirigidas por los mismos dueños.
De hecho en este 2018, sus titulares deberán afrontar el juicio oral por la muerte de Saulo Josías Rojas, quien falleció tras haber sido encerrado en una celda de castigo ubicada en el predio de Derqui en el que funcionaba San Camilo.
Las muertes en San Antonio
El accionar de los "terapeutas" también derivó en muertes ocurridas en San Antonio: La de Franco Ruiz Díaz, en 2013; y la de Matías Lamorte, ocurrida en el año 2015.
En el caso de Lamorte, el joven murió producto de un edema pulmonar.
"A Matías lo internaron un miércoles de mayo de 2015 y murió cuatro días después. Mientras sus padres iban a pagar la internación, la Policía llamó a la madre para avisarle que su hijo había muerto. Las últimas palabras de Matías fueron: “Me ahogo”, explicó Pablo Galfré, periodista e investigador que ya reveló en el libro "La Comunidad", las atroces prácticas de este tipo de instituciones.
"Estos hechos se producen en un marco estructural de violaciones de derechos humanos que se vienen relevando tanto en ámbitos de internación públicos como privados. En este sentido el incumplimiento de la ley de salud mental vigente (Nº 26.65) y la falta de controles adecuados y auditorías periódicas de parte del Ministerio de Salud provincial son decisiones que deben ser revertidas con carácter urgente por parte del Estado provincial", cncluyeron desde la Comisión por la Memoria.
