Con el objeto de reducir el gasto, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó un régimen de retiro voluntario para los empleados estatales bonaerenses.
Así lo hizo la gobernadora María Eugenia Vidal, mediante el decreto 465/18, que prevé que los trabajadores que presten funciones bajo la administración provincial, a excepción de policías y servicio penitenciario, se puedan retirar a cambio de un monto que se calculará en base al sueldo del empleado.
Ese Decreto, con el que creen convencerán a 300 mil empleados, menciona que podrán acogerse a la medida los que tengan al menos dos años de antigüedad y con menos de 24 años de funciones. El plan estará vigente durante 6 meses, aunque podrá ser prorrogado por un mismo periodo de tiempo.
“Podrán optar por el retiro voluntario todos aquellos agentes que revisten en las Plantas Permanentes con Estabilidad según lo estipulado en el artículo 1° del presente, que a la fecha de entrada en vigencia del presente registren una antigüedad de DOS (2) años o más e inferior a los VEINTICUATRO (24) años en la Administración Pública y le faltaren más de CINCO (5) años para acceder a un beneficio jubilatorio. La Administración podrá denegar la solicitud cuando, a su juicio, el retiro del agente afectare el regular funcionamiento del área o el sector en que se desempeñe”, señala el texto que lleva la firma de la gobernadora.
El pago al trabajador que se acoja al plan se hará mediante un desembolso inicial, al momento de la baja, y el resto en “cuotas mensuales, iguales y consecutivas”.
Los empleados que tengan entre 2 y 5 años de antigüedad percibirán 10 cuotas, las primeras cuatro en el momento de la baja y las restantes en 6 meses consecutivos.
Entre 6 y 7 años de antigüedad, serán 15 cuotas en total, 6 iniciales y 9 mensuales.
Para los que lleven en la administración entre 8 y 9 años de antigüedad, las cuotas serán 20, 8 al momento de la baja y 12 mensuales.
En tanto, los que tengan entre 10 y 11 años de antigüedad, cobrarán 24 cuotas, las primeras 10 en el momento de la baja y las restantes 14 de manera mensual.
Más de 12 años de antigüedad tendrán acceso al cobro de 30 cuotas, 12 cuando se retiren y 18 mediante pagos mensuales.
Las cuotas a percibir en el momento del cese se calcularán y abonarán en base a la remuneración mensual normal y habitual bruta de cada agente, y para las restantes se tomará como base la remuneración mensual normal y habitual neta percibida, luego de efectuadas las deducciones legales.
Por otra parte, el decreto también sostiene que aquellos empleados que opten por ese camino quedarán inhabilitados por cinco años para reincorporarse a un empleo de la Administración Pública Provincial, incluyendo Entes Autárquicos, Organismos.
Descentralizados, Fideicomisos o Sociedades en las que el Estado participe como socio mayoritario”.
A quienes adhieran tendrán durante dos años, a partir de la baja cobertura de IOMA, o antes si consiguen otra obra social.
