El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró hoy que "la decisión de otorgar una prisión domiciliaria es del Poder Judicial y no del Ejecutivo", sostuvo que su administración "no está de acuerdo" con liberaciones masivas de presos y expresó su confianza en que la Suprema Corte bonaerense "ordene esta situación".


El mandatario provincial formuló declaraciones durante una conferencia de prensa en la sede de la Gobernación, en La Plata, en la que anunció que, en los próximos meses, serán inauguradas 1.350 nuevas plazas penitenciarias, con una inversión de 800 millones de pesos.


Minutos después, se conoció que la Suprema Corte bonaerense declaraba admisible un recurso de queja presentado por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, Carlos Altuve, y suspendía provisionalmente las medidas que habilitaban la prisión domiciliaria para presos que integran el grupo de riesgo de contraer coronavirus.

"Confío en que la Suprema Corte ordene esta situación", había afirmado esta mañana Kicillof en relación al recurso de queja planteado por Altuve a raíz de un hábeas corpus colectivo que habilitó la concesión del beneficio de prisión domiciliaria para detenidos que se encuentren dentro de la población de riesgo de coronavirus.


"Ante tanta campaña mediática con falsas noticias quiero aclarar que quién va, quién sale de la cárcel y quién tiene domiciliaria es decisión del Poder Judicial; no del Ejecutivo", enfatizó Kicillof, quien le adjudicó a quienes promueven esa mirada la intención de "responsabilizar a este gobierno de liberar presos".


Acompañado por sus ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni, Kicillof aseveró que "este gobierno no coincide cuando se le da domiciliaria a quien cometió delitos de gravedad exponiendo a las víctimas" y pidió que se "reviertan estas situaciones que generan miedo en la población".


"Eso tiene que ser por decisión del Poder Judicial. Yo no lo puedo hacer. Lo único que yo puedo hacer es ampliar la capacidad carcelaria y garantizar las condiciones de detención bajo medidas de higiene y seguridad", explicó.


En ese tono, Kicillof subrayó que desde el Poder Ejecutivo no sólo no se promovió el otorgamiento de prisiones domiciliarias "sino que no se está de acuerdo", y expresó su deseo de que "esas situaciones que generaron miedo en la población se reviertan", aunque insistió con que eso "depende del Poder Judicial".


Kicillof expuso asimismo que "la obligación del Ejecutivo no es decidir libertades sino alojar en las cárceles a quienes tienen que estar en situación de encierro".


Recordó que, al asumir su mandato, la situación carcelaria era "de emergencia", rememoró que unos 15 mil privados de la liberad llevaban adelante una huelga de hambre por falta de alimentos y medicamentos, y destacó que se pudo salir de esa coyuntura "muy rápidamente".


El gobernador leyó una noticia publicada por Infobae el 7 de septiembre de 2018 donde se planteaba que el gobierno de María Eugenia Vidal "quería dar domiciliaria a 1.500 presos porque no había lugar en las cárceles".


"El entonces ministro de Justicia (Gustavo) Ferrari le recomendó eso a la Justicia", señaló Kicillof y apuntó que "si quieren encontrar un Poder Ejecutivo tomando esa decisión busquen en el gobierno anterior, no en este".


El mandatario también cuestionó la Resolución 158 dictada por el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, "a través de la cual instruyó a los defensores -que dependen de él- a impulsar prisiones domiciliarias para la población de riesgo".


Criticó el hecho de que, en la medida, Conte Grand "omitió señalar que las domiciliarias no pueden contemplar a quienes hayan cometidos delitos graves" y recordó que, cuando se le consultó al Ministerio de Justicia al respecto, "dejó en claro que no puede darse ese beneficio a quienes hayan cometido delitos graves".


Luego, expresó que, como al Ejecutivo le competen las condiciones de detención, en los próximos meses su administración inaugurará 1.350 nuevas plazas "con el fin de aliviar la superpoblación carcelaria".


A su turno, el ministro Alak destacó que el plan de infraestructura penitenciaria contempla unas 10 ampliaciones y nuevos pabellones en las unidades de Florencio Varela, Campana, Magdalena y Lisandro Olmos, así como la construcción de una nueva cárcel en Lomas de Zamora.


"La situación en la provincia es compleja: tenemos una superpoblación del 110 por ciento", destacó y recordó que, en octubre de 2019, "el Tribunal de Casación dijo que había una crisis humanitaria en las cárceles".


Alak manifestó que si bien se logró regularizar la situación de emergencia con que se encontraron al asumir "desde marzo, con el riesgo sanitario por la pandemia, la situación se agudizó" y remarcó que, por ello, se lanzó el plan de infraestructura penitenciaria.