La mansión ubicada en Pilar, que figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, fue tasada en más de 20 millones de dólares tras un peritaje judicial, una cifra que contrasta de manera significativa con los US$ 1,8 millones que habían declarado sus propietarios.
La valuación surge de un informe elaborado por peritos del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, quienes confeccionaron un documento de 550 páginas que fue remitido al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, según informó la agencia Noticias Argentinas.
La tasación había sido ordenada oportunamente por el juez federal Daniel Rafecas, cuando se encontraba al frente de la investigación por presuntas irregularidades patrimoniales vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
De acuerdo al relevamiento pericial, el valor total de la propiedad ubicada en la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa, asciende a US$ 20.815.100, incluyendo las edificaciones, mejoras y bienes hallados en el predio.
Los expertos detallaron que solo la parcela principal del lote fue valuada en US$ 5.600.000, mientras que la casa principal alcanzó los US$ 2.385.000 y la vivienda secundaria fue estimada en US$ 1.230.000.
El informe también incluyó otras construcciones, como el edificio de acceso (US$ 134.000), un depósito (US$ 1.050.000), una caballeriza con vivienda para el cuidador (US$ 1.220.000) y un galpón para autos valuado en US$ 1.490.000.
Además, se consignaron valores para distintas instalaciones recreativas y de uso privado: la pileta fue estimada en US$ 50.000, el bar en US$ 390.000, el área de recepción en US$ 350.000, el quincho en US$ 1.490.000, el spa y gimnasio en US$ 1.450.000, la cancha de paddle en US$ 30.000 y el helipuerto en US$ 85.000.
En paralelo, el peritaje incluyó el relevamiento de 54 vehículos, entre autos y motos de lujo, que se encontraban guardados en la propiedad y que fueron tasados en US$ 3.861.100.
Pantano y Conte figuran como titulares de la mansión, pero se encuentran bajo sospecha de actuar como “testaferros” o “prestanombres”, ya que sus ingresos declarados no se corresponderían con el valor del patrimonio detectado. En ese marco, ambos se negaron a declarar ante la Justicia, mediante una maniobra de su defensa, cuando el magistrado intentó que explicaran cómo adquirieron la propiedad.
