La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dispuso que la Justicia en lo Criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires investigue la denuncia formulada por una madre que dijo haber dejado a su hijo recién nacido a un matrimonio amigo para que se lo cuidaran y que, cuando lo fue retirar, no se lo entregaron.

La Corte, en fallo unánime, definió de este modo una “cuestión de competencia” entre la justicia federal y la bonaerense de San Isidro, en la causa penal promovida por M.S.S. por presunta retención y supresión de identidad de su hijo.

Según lo publicado por la Agencia Estatal Télam, la mujer denunció que el 3 de noviembre de 2017 dio a luz a un niño en su casa de la localidad de Del Viso, y que 45 días después, sin haber inscripto el nacimiento, dejó al bebé a cuidado de J.J.C. y J.A., debido a que otra de sus hijas había sido internada en el Hospital Pirovano, de la ciudad de Buenos Aires.

La denunciante afirmó que, alrededor de dos semanas después, cuando intentó retirar a su bebé, se negaron a restituirlo y luego le enviaron una fotografía de un certificado de nacimiento del que surgiría que lo anotaron como propio con el nombre de D.A.A.C.

Luego de denunciar el caso en la Capital Federal, la mujer hizo otra presentación, por los mismos hechos, en una de las fiscalías de Instrucción de Pilar, lo que generó el conflicto de competencia, ya que en ambas jurisdicciones se rechazó tramitar el caso.

La Corte coincidió con el dictamen del Procurador General de la Nación Interino, Eduardo Casal, para quien “resultaba prematuro descartar” que los delitos denunciados “pudieran encuadrar en conductas de índole federal, especialmente de corroborarse la hipótesis de una supresión o alteración de la identidad del menor y la eventual emisión de su documento nacional de identidad falso”.

Con relación al lugar donde se habrían cometido los delitos, Casal remarcó que “respecto del territorio solo se conocía donde ocurrió el nacimiento del niño”, pero no donde, supuestamente, fue entregado al matrimonio denunciado.

Y agregó que “la presunta inserción de datos falsos en un acta de nacimiento podría importar la expedición de un documento nacional de identidad espurio, lo que determinaría la competencia de la justicia de excepción”.