Es un hecho recurrente en Argentina la mala o tardía resolución de los conflictos legales que se generan luego de un siniestro vial. La reparación monetaria de los daños sufridos a causa de un accidente de tránsito no se resuelve rápido ni de manera correcta en nuestro país. Una demanda puede estar años en proceso judicial, sin que el indemnizado obtenga ninguna respuesta favorable o desfavorable. La resolución por vías judiciales también significa una alta cantidad de gastos a cubrir.
A pesar de contar con sus seguros de autos vigentes, los usuarios o propietarios de los rodados se ven enfrascados en un largo camino de mediaciones y juicios, con un sistema que no resulta eficiente. Este escenario preocupa a los ciudadanos que transitan por la vía pública, sabiendo que Argentina se encuentra entre uno de los primeros países de Latinoamérica con más siniestros viales.
Según los informes del Observatorio Vial Nacional, perteneciente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante los primeros tres meses de este año se registraron casi 1000 víctimas fatales en accidentes. Se calcula un promedio diario de más de 10 personas fallecidas por esta causa, en su mayoría conductores o pasajeros de motos en accidentes multi vehiculares.
En cada una de las demandas por siniestros viales, enfrentar el proceso de litigio no resulta una solución beneficiosa. Esto suele deberse a diferencias entre los criterios jurisdiccionales y jurisprudenciales de cada dependencia. A su vez, los valores dispuestos para que perciban los indemnizados en cada caso no son claros, sobre todo si hablamos de reparaciones de la incapacidad del sobreviviente o fallecimiento.
En algunas jurisdicciones se aplican fórmulas de matemática financiera que dan mejores resultados para indemnizar los distintos conceptos. Sin embargo, particularmente en Buenos Aires, el sistema es disfuncional y los fallos no suelen darse en una Mediación Prejudicial Obligatoria, llegando a largos litigios que parecen nunca acabar.
Desde esta problemática el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires presento un proyecto de ley, que pretende facilitar acuerdos monetarios previos a la instancia de juicio. Este proyecto, conocido como Oferta Fundada, se basa en estrategias judiciales ya aplicadas en otros países como Francia o España. A través de un proceso de evaluación del reclamo presentado, el juzgado da una respuesta a las partes involucradas, con una sentencia temprana.
Esta etapa de mediación prejudicial involucra a los damnificados y la empresa aseguradora, que deben iniciar el trámite presentando una larga lista de datos. Se solicita la fecha del hecho dañoso, la o las cosas intervinientes en el mismo, la constancia de denuncia del accidente y de sus consecuencias ante autoridad policial o judicial, una breve descripción del hecho y de la legitimación invocada, el detalle de los daños sufridos, una copia de cuanta información médica y cualquier otro documento o información que contribuya a la determinación de la existencia y cuantificación del daño.
Luego de iniciado el trámite, la aseguradora presenta la oferta por escrito a los involucrados en una audiencia, para una posterior sentencia que debe dictar el juez. Luego, se procede a realizar los pagos de manera inmediata, a través de depósitos bancarios.
Este proyecto de ley representa una posible solución a la problemática de la reparación de daños en accidentes viales, apostando por acotar los largos plazos de las vías de acción judiciales.
