El Gobierno nacional declaró, a través del DNU 525/2024, la Emergencia Pública Ferroviaria, tanto para servicios de pasajeros como de cargas, por un período de dos años. Según se informó oficialmente, esta declaración “permitirá que el Gobierno Nacional avance en acciones necesarias para poder mejorar las condiciones de seguridad operativa en los servicios ferroviarios a través de la renovación de la infraestructura”.
En el decreto se establece la asignación de casi 1,3 billones de pesos “para las inversiones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad operativa”, según un comunicado. Y “se facultará a las empresas ferroviarias a renegociar las deudas y contratos heredados por la gestión anterior para destinar dichos recursos a la seguridad operativa”.
La declaración de Emergencia Pública Ferroviaria abarca los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional por el plazo de 24 meses. A su vez, comprende la totalidad de las actividades inherentes a la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, así como la operación de los servicios ferroviarios en la red ferroviaria nacional.
Priorización
En los considerandos del decreto se afirma que “resulta fundamental orientar el destino de los fondos públicos hacia el objetivo primordial de maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad, que únicamente puede lograrse a través del rigorismo en la imputación presupuestaria que debe ser focalizada exclusivamente en la seguridad operativa”.
Así, el DNU exige a las empresas prestatarias a implementar “una priorización de las necesidades más urgentes en materia de infraestructura”, como también en cuanto a “las contrataciones necesarias para revertir la situación de emergencia vigente”.
De este modo, el Gobierno dispuso “un refuerzo presupuestario para recuperar el sistema ferroviario”. Y se recuperan “fondos que fueron desviados a otras áreas durante la gestión anterior”.
El comunicado oficial asegura que “de esta manera, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la mejora y la modernización del sistema ferroviario de contribuir al desarrollo y a la seguridad del transporte ferroviario en nuestro país”.
Plan de acción
En el decreto se designa como autoridad de aplicación de la emergencia ferroviaria a la Secretaría de Transporte de la Nación. El organismo deberá “elaborar un plan de acción, dentro del término de los 15 días, con las medidas indispensables y urgentes a tomar, que resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros, incluyendo las solicitudes de readecuación presupuestaria que resulten pertinentes”.
Para ello, “las empresas ferroviarias que dependen de la Secretaría de Transporte deberán, en sus propuestas, efectuar un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad, como así también, en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales con ámbito de actuación en el sector y demás cuestiones que se consideren pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia”.
Cifras en mano
Para realizar todas estas tareas, el DNU afirma que “el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la cuenta del Sistema Ferroviario Integrado (Sifer) los fondos acumulados hasta la fecha y los que en el futuro se devenguen en la cuenta del Sistema Integrado de Mejora y Profesionalización del Autotransporte de Cargas, creado por el Decreto N° 194 del 18 de abril de 2022”.
Además, exige a la AFIP que implemente “facilidades para la importación de repuestos y demás materiales necesarios para la realización de tareas de mantenimiento y mejoras en la seguridad operativa ferroviaria”. De ese modo, “los organismos intervinientes en las operaciones de comercio exterior deberán facilitar el acceso a las divisas necesarias para afrontar dichas contrataciones, tanto a las empresas públicas como a los operadores públicos o privados”.
En concreto, para el objetivo de salir de la emergencia ferroviaria “se deberá asignar adicionalmente al presupuesto general de la administración nacional la suma de PESOS UN BILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES ($ 1.293.780.000.000) para el fortalecimiento del sistema ferroviario nacional, de la cual deberá imputarse la suma de hasta PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES ($ 350.000.000.000) para el presente Ejercicio 2024”. (DIB) MM
