Fue procesada y embargada por $ 5 millones la cantante santiagueña Valentina Olguín, acusada de usar los datos fiscales del gobernador Axel Kicillof y otros mandatarios provinciales para importar ropa. Según se reconstruye en la investigación, Olguín superó el tope de US$ 3.000 que la Aduana impone como límite para envíos courier de forma personal. Al exceder ese margen, utilizó los CUIT y direcciones de los gobernadores para recibir en su domicilio indumentaria de una conocida marca estadounidense.
En ese contexto, tras las denuncias y el avance de la investigación, comandada por el fiscal federal Agustín Chit, el juez federal de Tucumán de José Manuel Díaz Vélez, donde se radicó la primera denuncia, dictó el procesamiento y embargo de $ 5 millones por usar los datos de Kicillof, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan).
La defensa de la joven de 27 años indicó que la imputación es por “contrabando simulado” y que el embargo representa una garantía de que se presentará ante la Justicia en caso de ser citada o de que surjan acciones civiles, de acuerdo con lo que publicó el diario El Liberal de Santiago del Estero. Además, según La Nación, la abogada de Olguín, Claudia Paz, solicitó ante el fiscal Chit una “probation”.
La maniobra de la influencer
De acuerdo con Nuevo Diario Web, el mecanismo era tan simple como audaz: el sistema courier permite hasta cinco envíos anuales por persona, por un valor máximo de US$ 3.000. Como ya había agotado su cupo y el de su círculo cercano, Olguín recurrió a los datos de terceros. Y no eligió a cualquiera: apuntó directo a gobernadores provinciales, cuya correspondencia, se presume, tiene menores chances de ser retenida por Aduana.
El primer indicio surgió cuando Osvaldo Jaldo, mandatario de Tucumán, recibió una notificación por una compra en Miami que él jamás había realizado. “Nunca hice una compra en el exterior. Me preocupó que usaran mis datos personales para cualquier tipo de operación”, explicó. Al presentar la denuncia se destapó una maniobra con múltiples ramificaciones. Pronto se descubrió que, además de él, también habían sido utilizados los datos de Kicillof, Frigerio, Ziliotto y Poggi.
Durante un allanamiento en un departamento del barrio porteño de Núñez donde vive Olguín se incautaron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y decenas de prendas de vestir. El análisis forense arrojó más evidencia de que la joven habría estado buscando datos de otros políticos para repetir el mismo modus operandi. En su indagatoria, reconoció parcialmente los hechos y declaró que obtuvo los datos “por Google”, algo que genera serias dudas en los investigadores. La sospecha es que eligió a los gobernadores con total intención de eludir controles aduaneros, sabiendo que sus nombres generan menos sospechas.
El delito que se le imputa, “contrabando simulado”, está tipificado en el Código Aduanero y contempla penas de dos a ocho años de prisión efectiva. El fiscal ya giró copias a la Justicia Federal de Buenos Aires, San Luis, La Pampa y Entre Ríos para que se investigue en cada jurisdicción. (DIB) GML
