En el marco del estudio de las cuentas municipales del año pasado, las del último año de gestión del exintendente Nicolás Ducoté, también se estudiaron, e incluso rechazaron, los balances de un organismo dedicado a la capacitación del personal comunal.

Se trata del Instituto Municipal de Administración Pública (IMAP) un ente autárquico creado por Cambiemos en 2017, cuyas cuentas de 2019 no solo no fueron avaladas por el actual oficialismo, sino también por casi toda la oposición.

En la sesión virtual del pasado viernes, el concejal Iván Giordano, del Frente de Todos, denunció que el organismo “se encuentra cerrado por decisión de su administrador desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio sin dar capacitaciones y servicios”, pese a que, amplió a Pilar de Todos, algunos cursos podrían darse a distancia.

Sin embargo, esa no fue, ni por lejos, la mayor crítica de Giordano. El concejal aseguró que el Instituto, a cargo del ex Contador Municipal, Alejandro Liendo, no dedicó los fondos con los que contaba, unos 23 millones de pesos anuales, a incrementar la capacitación de los empleados, sino que, en cambio, “prefirió la timba financiera”.

“En el año 2019, los ingresos ascendieron a 23 millones 153 mil pesos, financiados en su mayoría por la administración central y por intereses financieros producto de plazos fijos. Y se gastaron 20 millones 876 mil pesos. El resultado financiero del ejercicio nos arroja 7 millones 95 mil pesos al 31 de diciembre en el banco. Pero con una deuda flotante de 461mil pesos. Lamentablemente, este organismo tuvo deuda flotante en 2018 y ahora nuevamente en 2019. Y es importante señalar que la deuda de 2019 es con IOMA, con IPS, con Provincia Seguros”, enumeró Giordano.

“Es preocupante que un organismo cuyo principal objetivo es la capacitación al trabajador municipal se haya dedicado a la timba financiera como su principal política pública. El año pasado hicieron 11 plazos fijos, uno cada 25 días”, disparó Giordano.

El legislador local, además, apuntó al elevado plantel de cargos jerárquicos que tiene el área, en donde, según detalló, el 61% del total del presupuesto se destina a sueldos.

“Unos 11 millones 750 mil pesos fueron para pagar sueldos de los funcionarios jerárquicos. El organismo tiene 10 empleados, de los cuales 8 son jerárquicos, y 2 temporarios. El promedio mensual de sueldo de cada jerárquico fue de 139.888 pesos, a esto hay que sumarle que a cada uno de ellos el organismo le da un teléfono móvil, le pagan su factura y además hay gastos de viáticos, sin siquiera cumplir con los mínimos objetivos”, agregó.

Pese al plantel de personal y a los fondos destinados, lo que le permitió contar con dos sedes, Giordano cuestionó que el IMAP no haya, por ejemplo, logrado implementar una plataforma de capacitación a distancia para los empleados municipales, “plataforma que hoy, en plena pandemia, sería tan necesaria y utilizada”.

“Además sabiendo que un gran porcentaje de trabajadores y trabajadoras municipales no pudieron terminar sus estudios secundarios el IMAP, con 2 sedes alquiladas, no fue capaz de abrir ni una comisión del programa FINES durante estos años. Este organismo que nos costó a los pilarenses más de 20 millones de pesos en el 2019, contó con una pobre oferta académica donde se destacan cursos como: trabajo en equipo, inteligencia emocional, oratoria y gestión de las emociones”, enumeró.

Pese a que se podría haber articulado con el área de Recursos Humano y Educación, Giordano apuntó en contacto con este medio, además, a la onerosa tercerización de cursos a manos de fundaciones, una de ellas oriunda de CABA (Fundación Geo), que recibió 1 millón 200 mil pesos, con un valor de hora cátedra de entre 3750 y 4000 pesos, según Giordano.

“Me parece una vergüenza y una falta de respeto a los trabajadores municipales. Esta rendición de cuentas es invotable por la mala administración, la falta de cumplimientos de objetivos y el excesivo gasto en sueldos de funcionarios que no salen de su oficina calentita, con confort y hasta con riego automático en el patio”, concluyó Giordano, en referencia a los dispositivos de aspersores que contaba una de las sedes, pagados con fondos públicos.