El juez federal de Morón, Néstor Barral, procesó sin prisión preventiva a la viuda de Pablo Escobar, María Isabel Santos, a uno de sus hijos, Juan Sebastián Marroquín y al exjugador de Boca, Mauricio "Chicho" Serna, por el delito de lavado de dinero.

El magistrado entiende que fueron partícipes necesarios de una maniobra ilícita que involucra a un colombiano investigado por narcotráfico, John Bayron Piedrahita Ceballos.

La Justicia los acusa de haber cobrado una comisión del 4,5% de los negocios concretados para presentarle al abogado y empresario inmobiliario pilarense Mateo Corvo Dolcet a Piedrahita Ceballos. El acuerdo del pago fue incluso sellado en un documento firmado por Dolcet y la familia de Escobar, acuerdo que la Justicia encontró en la casa del pilarense.

Siempre según la investigación, la viuda y el hijo de Escobar "prestaron una contribución esencial en el lavado de 2.341.164 dólares y, en segundo lugar, a la comisión en coautoría de un hecho de lavado de 105.352 dólares".

Los fiscales que llevan adelante la causa están convencidos de que el colombiano Piedrahita Ceballos ingresó al mercado financiero argentino a través de Corvo Docet más de tres millones de dólares estadounidenses y un millón y medio de pesos. Se sospecha que el dinero lo consiguió por medio del narcotráfico en la década de 1990.

Piedrahita Ceballos, presunto jefe de la asociación ilícita, quedó detenido en Colombia en septiembre de 2017 tras un operativo conjunto que se llevó adelante entre las autoridades de Argentina, Colombia y la DEA de Estados Unidos. El mismo día de la detención del colombiano los investigadores allanaron 34 domicilios, entre ellos el tradicional Café Los Angelitos, ubicado en Balvanera, y se concretaron otros operativos en Pilar.

El mes pasado, los familiares de Pablo Escobar, asistidos por el abogado Ezequiel Klainer, hicieron sus respectivos descargos a los tribunales federales de Morón mediante la presentación de un escrito cada uno, acompañados por una serie de documentos.

Con respecto a la situación procesal de Serna, los fiscales creen que "una de las tantas formas en que el imputado Piedrahita Ceballos inyectó fondos en los proyectos liderados por Corvo Dolcet fue mediante el aporte de tres inmuebles que, con anterioridad, le había comprado" al exfutbolista.

La viuda de Pablo Escobar y los dos hijos que tuvo con él se radicaron en Argentina a mediados de los '90, poco después de la muerte del capo narco, y todos ellos se cambiaron de nombre. La estadía de la familia recién se conoció públicamente en 1999, cuando Victoria y Juan Pablo Escobar Gaviria (los verdaderos nombres de los herederos de Pablo Escobar) fueron detenidos en su lujoso departamento del barrio porteño de Saavedra por falsificación de documento y lavado de dinero, causa en la que finalmente fueron sobreseídos en 2005.

“Soy inocente”

Dolcet llevaba a cabo un emprendimiento en Pilar que pretendía ser uno de los barrios cerrados más grandes del distrito, que se iba a construir a la vera de la Panamericana, a la altura del KM 47.

Ínsula Urbana iba a reunir casas, departamentos, oficinas, locales comerciales, universidades y hasta un cine. Además, Dolcet ya había comenzado a construir un complejo de cocheras en cercanías al futuro desarrollo, lindante a su vez con la estación Panamericana del Ferrocarril Belgrano Norte.

El empresario pilarense, que estuvo más de 130 días detenido y luego fue liberado con una tobillera electrónica, admitió que la familia de Escobar le presentó a Piedrahita Ceballos.

“Cuando lo conocí en 2008 (a Piedrahita Ceballos), el hombre se movía libremente por el mundo (Argentina y países de América y Europa); no tenía ningún pedido de captura o restricción; manejaba formalmente y con su nombre todas sus empresas; disponía y movía su dinero con sus cuentas corrientes; se instaló con toda su familia en nuestro país; adquirió propiedades; abrió cuenta bancaria; obtuvo clave fiscal; trajo dinero a su nombre a través del circuito financiero legal; pagó gastos; servicios; hoteles, y nadie, pero nadie, dijo nunca nada. Ni la DEA; ni el FBI; ni la SIDE; ni Migraciones; ni ninguna otra agencia de inteligencia local; ni la Policía Federal y/u otra fuerza de seguridad; ni el BCRA; ni la AFIP; ni la IGJ; ni el Registro de la Propiedad Automotor; ni el BNP Paribas en el que registró cuenta; ni la multinacional de primer nivel mundial que nos auditaba”, expuso Dolcet por medio de una carta que publico en Facebook a fines de abril.

“Nadie, nunca, dijo ni objetó nada. La razón es una sola y está probada: no había nada para decir ni objetar. Y categóricamente afirmo que para mí, Piedrahita era solo un rico empresario ganadero”, agregó Dolcet.

El empresario, cuyos emprendimientos quedaron paralizados desde la detención, expuso que la investigación es “absurda”, y aseguró que las empresas Ínsula Urbana y Pilar Bicentenario no están siendo investigadas.

“Piedrahita fue un socio más (entre 99) que sólo me compró aproximadamente el 6,5% del total de las dos sociedades, pagándome u$d 1.600.000 con dos propiedades, y aproximadamente u$d 1.000.000 en dólares con transferencias bancarias. Nada de dinero oculto en bolsos o valijas. Sólo bancos (el suyo, que es el banco emisor; los dos bancos corresponsales en EEUU, el Banco Central de la República Argentina y el banco local). Y ninguno de todos estos bancos objetó nada, porque nada hubo para objetar”, siguió Dolcet.

"No soy narco, ni soy lavador de dinero, ni cometí delito. Por culpa de este invento de la organización de narco lavado, mi familia vive hoy de prestado, porque no puedo tocar mi patrimonio ni para pagar el supermercado, la obra social, el colegio, la universidad, las expensas, los impuestos, ni nada. Pero sin importar el tiempo y esfuerzo que demande restablecer la verdad, yo soy la misma persona que era hasta el día anterior a mi detención. Y lucharé con todas mis fuerzas para llegar a la verdad y convencido de que, a la corta o a la larga, demostraré mi inocencia, porque, sencillamente, soy inocente", concluyó.