La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal resolvió llevar a juicio a los diez policías implicados en la causa por la muerte de Sofía Fernández, ocurrida en una celda de la comisaría de Presidente Derqui.

La resolución representa un giro en el caso en el que meses atrás, y a instancias del Juzgado de Garantías, su titular Walter Saettone había establecido el sobreseimiento para 9 de los 10 efectivos implicados, decisión que fue apelada.

Ahora, según el fallo de la Cámara, existen elementos de convicción suficientes que justifican la continuidad del proceso contra los diez policías implicados, aunque con distintos grados de responsabilidad penal.

En su resolución, a la que tuvo acceso Pilar de Todos, los jueces revocaron parcialmente la decisión de primera instancia y consideraron acreditada, con el nivel de probabilidad exigido en esta etapa, la hipótesis de homicidio agravado para Carlos Matías Rodríguez, Yésica Isabel Núñez y Edith Viviana Ruiz. Puntualmente, según la resolución serán juzgados por el delito  de "homicidio agravado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o mas personas y por ser perpetrado por miembros de la fuerza policial".   

Para los magistrados, los informes forenses y las pericias realizadas “permiten sostener que Sofía Fernández fue víctima de una asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias, con signos de lesiones vitales en el labio y costillas”.

Entre los elementos valorados figuran las conclusiones de la médica forense Dra. Figueroa y del perito Junod, quienes coincidieron en que la muerte no fue autoinfligida, sino consecuencia de una maniobra externa.

Por otra parte, la Cámara dispuso también la elevación a juicio de Gonzalo Robles, Ezequiel Ávalos Ybañez, Daniel Salerni, Gustavo Camacho, Miriam Valor, Gabriela Miño y Camila Pitulak, imputados por encubrimiento agravado y falsificación de documento público.
En ese punto, el tribunal sostuvo que las pruebas sobre la manipulación de actas, la omisión de registros y la alteración del libro de guardia “constituyen indicios razonables de una conducta dirigida a ocultar lo ocurrido dentro de la dependencia policial”.

Entre las evidencias destacadas se menciona una mancha con ADN de la víctima hallada en un colchón, que podría haberse originado antes del deceso.
También fueron valorados los mensajes de audio y fotografías extraídas de los teléfonos de los efectivos, donde se observan conversaciones sobre qué información registrar y cómo consignarla en las actas.
Además, el fallo hace referencia al borrado de más de 1.300 archivos en el celular de la víctima y al desconectado del sistema de cámaras de seguridad, hechos que para la Cámara refuerzan la hipótesis de ocultamiento.

Los jueces rechazaron los planteos de las defensas que pedían el sobreseimiento, al considerar que los dictámenes periciales alternativos —que sostenían la posibilidad de un suicidio— no logran descartar la intervención de terceros.

“El conjunto de pruebas reunidas permite afirmar, con el grado de probabilidad requerido, que Sofía Fernández no se quitó la vida”, señala la resolución.

La Cámara también enfatizó que las contradicciones sobre la data de muerte y los horarios de intervención de los peritos no invalidan las conclusiones principales, aunque deberán ser esclarecidas durante el debate oral.

De este modo, el tribunal entendió que corresponde mantener la acusación y que las discrepancias existentes entre los informes deberán ser analizadas en juicio, con la producción y confrontación de toda la prueba.

Con esta resolución, el expediente queda encaminado hacia el debate oral y público, donde se determinará la responsabilidad penal de cada uno de los agentes involucrados en la muerte de la joven, ocurrida en 2023 en la comisaría de Derqui.