Por pedido del fiscal Germán Camafreitas, el Juzgado de Garantías N° 6 de San Isidro –a cargo de Nicolás Ceballos– ordenó la detención de dos directivos, dos profesionales y una trabajadora administrativa de la comunidad terapéutica clandestina “Resiliencia San Fernando” de Pilar por la muerte de cuatro usuarios durante un incendio ocurrido en febrero pasado.

Los detenidos y detenidas están acusados por homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre.

Se trata del codirector de la comunidad Alejandro Merenson, la vicedirectora Eliana Wadrick, la funcionaria administrativa Alejandra Machado, el psiquiatra Fabián Samsolo y la psicóloga Alejandra General.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria, que interviene en la causa como particular damnificado institucional, señalaron que «el establecimiento no estaba habilitado y las personas allí alojadas estaban sometidas a aislamiento extremo, castigos, sobremedicación y un abordaje tratamental que no respetaba la ley de salud mental».

Cabe destacar que el director de la comunidad, Alan Emmanuel Cambra Sarife, ya estaba detenido.

El caso  

El martes 22 de febrero, cuatro personas murieron durante un incendio en el centro  “Resiliencia San Fernando”, ubicado en la localidad de La Lonja.

Tras inspecciones en el lugar, se determinó que «el edificio no poseía ningún matafuego, ni plan de contingencia en casos de emergencia, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por los mismos usuarios».

«Las víctimas, sobremedicados por el coctel y cantidades de psicofármacos que les suministraban, ni siquiera tuvieron la posibilidad de reaccionar ante siniestro», expresaron desde la CPM.

Las cuatro personas fallecidas tenían entre 25 y 40 años. Otras 22 personas internadas en la comunidad sobrevivieron, algunas de ellas quedaron con secuelas emotivas y psíquicas que agravaron su condición de salud mental.

Pocos días después, el director de la comunidad Alan Sarife fue detenido por orden del fiscal Germán Camafreita Steffich, a cargo de la investigación.

«Al momento del incendio, 26 personas con problemas de adicción estaban alojadas en la comunidad terapéutica San Fernando en condiciones de aislamiento extremo por más de 23 horas diarias, hacinamiento y sobremedicados con un mismo coctel de psicofármacos, padeciendo graves violaciones de derechos humanos», consignaron desde el organismo.

De acuerdo a la investigación, los usuarios estaban reducidos a una condición de servidumbre, bajo voluntad de los imputados. “Las víctimas permanecieron allí medicadas y encerradas, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad, salubridad, en condiciones de hacinamiento y sin la alimentación requerida y adecuada, comprometiendo de esta manera la integridad física y mental, como así también la dignidad de los allí alojados quienes se hallaban en situación de extrema vulnerabilidad por sus condiciones físicas y psíquicas”, describe.

El fiscal también sostuvo que «los imputados conformaron una asociación ilícita que, simulando dirigir una comunidad terapéutica, mediante engaño, ocultando que carecía de habilitación, y aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de las víctimas, cobraban un canon por la supuesta prestación de un servicio de salud integral, que no era tal, ocasionando de esta manera un perjuicio patrimonial en las víctimas y sus familias».

Desde la CPM denuncian que «la desidia judicial frente a las reiteradas denuncias y la falta de controles estatales sobre los dispositivos de salud mental, permiten que estas comunidades sigan funcionando al margen de la ley».

«No se sabe con certeza cuál es la cantidad de comunidades terapéuticas que funcionan en la provincia ni en qué condiciones lo hacen. En esa situación de abandono, los usuarios y usuarias de este tipo de comunidades están en riesgo permanente», cerraron.