El exministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, fue imputado como participe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y también por cohecho en la causa en la que se investiga un supuesto negociado con multas por infracciones de tránsito, además de irregularidades en la adjudicación de concesiones de plantas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La resolución que imputa a D´Onofrio, dictada por el fiscal platense Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº11, indica que el exministro y algunos de quienes fueron sus funcionarios, ofrecían a deudores una reducción -ilegal- del monto a pagar, valiéndose del acceso al sistema que controla administrativamente las infracciones. Para contactarlos, se habrían valido de una red de gestores ajenos al ministerio.
El “descuento” era del orden del 50%, y los ahora exfuncionarios se apropiaban “de un monto remanente”, escribió Garganta en su resolución.
Por otra parte, la investigación por cohecho se centra en la adjudicación presuntamente irregular de concesiones de plantas de VTV. Allí está apuntado D´Onofrio como presunto autor, junto con siete empresas adjudicatarias que previamente habrían contratado los servicios de una compañía en la que “tendría participación accionaria -vía interpósita persona- los funcionarios del ministerio de Transporte investigados”, escribió Garganta.
Garganta oficializó ayer la imputación contra D’Onofrio. El martes, en una causa vinculada que lleva el juez federal de Campana Adrián González Charvay, se allanó una financiera en la city porteña y se secuestraron 205 millones de pesos argentinos, 425.000 dólares, 4600 euros y 112.000 reales.
D’Onofrio, un dirigente que estuvo alineado históricamente con Sergio Massa, fue funcionario del gobierno de Axel Kicillof hasta fines del año pasado, cuando debió renunciar en el marco de las investigaciones.
El ahora exfuncionario siempre expuso que las acusaciones en su contra son falsas, y responden a una supuesta maniobra política empresarial, relacionada con compañías que tienen en su poder mecanismos de fotomultas.
