El Colegio Magno, que anunció que cerrará sus puertas a fin de año luego de haber quedado envuelto es un escándalo por discriminación contra algunos de sus alumnos, ahora sumó otra polémica.
Es que a institución presentó un procedimiento preventivo de crisis por medio del cual podría achicar el pago de las indemnizaciones del personal en un 50%.
Los representantes legales del Magno se presentaron ante el Ministerio de Trabajo, donde iniciaron el proceso.
En ese marco, referentes del Sindicato de Docentes Privados (SADOP), encendieron las alarmas y denunciaron que el procedimiento podría desembocar en una merma en el pago de las indemnizaciones del 50%, e incluso adelantaron que peligra el pago del sueldo de diciembre.
“El colegio decidió presentar un procedimiento preventivo de crisis. Si esto es autorizado por el Ministerio, les van a pagar solamente el 50 por ciento de la indemnización (a los empleados). Solo garantizan el pago (del sueldo) del mes de noviembre, ya que según ellos el pago de diciembre estará sujeto a la recaudación”, denunció Mariano Molina, de SADOP.
“La cuota es bastante alta, pero ellos alegan que han tenido moras. Igualmente tienen que presentar los últimos tres balances, es raro que lo presenten justo ahora en medio de esta polémica. Si bien el colegio había tomado una decisión para nosotros apresurada la situación venía bien, pero ahora hacen esto para pagar lo menos posible a los trabajadores”, añadió Molina en diálogo con Canal Pilar.
Molina expuso que la cartera laboral va a analizar el requerimiento de El Magno, organismo que aprobará, o no, el pedido del Colegio.
El Magino quedó en el ojo de la tormenta semanas atrás, cuando se conoció que no le renovaría la matrícula a unos ocho alumnos, chicos que tienen problemas de aprendizaje o alguna discapacidad.
La institución adujo que no estaba preparada para atender las necesidades pedagógicas de esos alumnos, y, de acuerdo a lo señalado por los padres, "bajaban el nivel educativo" del resto del alumnado.
Fue tal la polémica que se suscitó, que intervino la Defensoría del Pueblo de la provincia, el Municipio de Pilar, el INADI y el Ministerio de Educación bonaerense.
Lejos de revertir la situación, el Colegio mantuvo la decisión y, días después, anunció que cerraba sus puertas desde el año que viene.