Se trata de la firma APR Energy. Camiones se retiran del predio con equipamiento, conteiners y maquinarias. Ambientalistas piden que también lo haga otra empresa similar que está en el área y reclaman cambios en la zonificación.

Presentaron un proyecto para que el Ejecutivo realice estudios químicos y bacteriológicos e informe los resultados. Lo consideran necesario ante la cantidad de vecinos que no poseen servicio de red. 

“El objetivo es reducir el daño ambiental y generar insumos económicos y de reciclado para potenciar acciones sociales de organizaciones sin fines de lucro”, señaló el ministro de Seguridad Sergio Berni.

Es de color “amarillo”. El aviso del Servicio Meteorológico Nacional también abarca al sur de Entre Ríos y al sudeste de Santa Fe. Está incluido Pilar.

Se trata de TECNORAEE que funciona en la localidad de Lagomarsino. El intendente Federico Achával y la Ministra de Ambiente, Daniela Vilar destacaron la labor de la entidad en el marco del lanzamiento de un plan para capacitar y equipar a otras instituciones.

La edil Antonella Alarcón y el dirigente Oscar Salom solicitaron que se estudien los acuíferos Puelche y Pampeano para saber si hay contaminación bacteriana o parasitaria.

Señalan que, principalmente, el centro comercial presenta residuos en las calles. También en los barrios. Preocupan las aguas servidas que emanan de diversos complejos habitacionales.

En los últimos días detectaron movimientos en el predio donde está instalada la firma APR. Pedirán que, de concretarse la salida, se garantice el estado ambiental del terreno. También apuntan a que la zona vuelva a ser catalogada como residencial.

Será con un encuentro que se desarrollará el 25 de junio a partir de las 18 horas. Se harán cinco fogatas “para abrir el alma al nuevo tiempo que comienza”.

La titular de la empresa, Malena Galmarini visitó el municipio y junto al intendente Achával recorrieron los trabajos que se desarrollan para ampliar la planta depuradora de Champagnat. También acordaron comenzar con obras para conectar los servicios de la Maternidad con el Hospital Central.

La última actualización se había efectuado en 1992 y establecía multas máximas de $ 50.000 para las personas humanas o jurídicas que no cumplieran con las obligaciones establecidas y de $ 100.000 para el caso de los establecimientos industriales.