A través de un decreto, el Gobierno informó el jueves que arrancaba la segmentación de tarifas. Eso implica que, durante este año, habrá un encarecimiento para los sectores definidos, como de altos ingresos.

El Gobierno no especificó de cuánto será la suba para los sectores de mayores ingresos. En empresas, consultores y hasta algunos despachos oficiales, se decía que triplicarán lo que pagan. Una boleta de $ 2.000 mensuales actuales se convertirá en $ 7.000 hacia fin de año, según analistas del sector, datos privados y hasta algunos sectores del Gobierno.

En Economía fueron preguntados al respecto y no precisaron. Solo indicaron que un hogar categoría “R3” (un consumo medio bajo) que hoy paga alrededor de $ 2.000 en Buenos Aires, tendrá un incremento de $ 1.500 hacia diciembre. “Esa cifra es nacional, hay variaciones de acuerdo con las provincias”, indicaron.

Los sectores que pierdan subsidios y quieran mantenerlos, deberán llenar un formulario. Más tarde, fuentes oficiales aclararon que ese formulario tendrá “alcance universal”, es decir que deberán llenarlo todos los clientes de servicios de luz y gas.

Los únicos que estarían libre de anotarse en el registro de subsidios son aquellos que saben que los perderán sí o sí. Perderán subvenciones el 10% de los hogares, que tienen ingresos mensuales de $ 333.000 pesos, o la posesión de determinada cantidad de inmuebles o autos.

Aunque anunció la medida, el Gobierno dejó varios cabos sueltos en torno a su implementación. Según lo comunicado, la quita de subsidios será en tres etapas.

La poda de subsidios estatales también podría alcanzar a sectores de clase media. Hasta ahora, el Gobierno manifestó que el grueso de los clientes -el 70% del padrón de los servicios públicos- tendría un aumento anual del 42% en luz y gas.

Sin embargo, de cara a 2023, deberán llenar un formulario, cuyo contenido aún no fue publicado. Allí puede que hogares de clase media sean corridos a “mayores ingresos”, perdiendo subvenciones.

Las familias de bajos ingresos, beneficiarios de tarifa social o similares, tendrán un aumento de tarifas del 20% para este año. El Gobierno pide que también se registren. En caso que no lo hagan, el Estado verificará por su cuenta su situación con la información que ya dispone: chequeará, por ejemplo, si cobran asistencia del Estado.

En caso de que se confirme que cumplen con los requisitos, estas familias mantendrán los subsidios aun cuando no hayan completado el formulario exigido.

Esa “contemplación” no se tendrá con los consumidores medios y altos.

El decreto de los aumentos

El Gobierno publicó finalmente este jueves el decreto que establece las tres categorías de usuarios que habrá para fijar las tarifas de luz y gas, y quiénes dejarán de recibir subsidios y tendrán incrementos más fuertes de sus boletas.

El 10% de la población, según las cifras que manejan en Economía, dejarán de estar subsidiados.

No se tomará, como se había dicho inicialmente, el lugar de residencia del titular del servicio, sino que se evaluarán sus ingresos y patrimonio. Por eso el Gobierno implementará el nuevo registro.

Esos clientes de niveles altos pagarán el “costo pleno del componente energía del respectivo servicio”, informó la secretaría Legal y Técnica.

La medición de esos usuarios se hará “considerando en su conjunto a los y las integrantes del hogar”. Si ganan más de 3,5 canastas básicas (CBT), equivalentes a $ 333.411, perderán los subsidios. Lo mismo pasará si poseen tres autos con menos de cinco años de antigüedad o tres inmuebles.

El Gobierno también estableció un llamado nivel 2. No tendrán nuevos aumentos este año. ​ Son clientes que no ganan $ 333.000 mensuales, pero poseen dos inmuebles o un auto de hasta tres años de antigüedad. Hoy están en una suerte de “clase media”, que solo recibirá un 42% de aumento este año. Pero en 2023, es probable que reciba menos subsidios, o aumentos superiores.

El único segmento que tendría subsidios garantizados, según funcionarios, es hogares con ingresos menores a $ 95.260 a mayo de 2022, o estén bajo algún programa de ayuda social.

El decreto asegura que el proceso de “se realizará en forma gradual y en tercios bimestrales, de modo tal que, al finalizar el año en curso, estén abonando el costo pleno de la energía que se les factura”.

La Secretaría de Energía establecerá la manera en que los usuarios podrán reclamar si consideran que fueron incluidos en alguna categoría que no corresponde, Ese procedimiento deberá ser de forma “ágil, expedita y gratuita”. (DIB)